El escenario de las viviendas de uso turístico (VUT) en la Comunidad Valenciana ha experimentado un cambio radical en el último año. Este significativo ajuste se debe a la nueva normativa implementada por la Generalitat Valenciana, con la que se han dado de baja casi 12.000 viviendas en apenas un año. La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, destaca que este ha sido un paso crucial en la regulación del sector, buscando una mejora en la legalidad, el control y la sostenibilidad de estos alojamientos.
La purga necesaria y un registro en evolución
El retiro de 11.952 viviendas del registro autonómico responde principalmente al incumplimiento de requisitos básicos, como la falta de referencia catastral o la ausencia de un NIF. A pesar de estas bajas, el registro sigue creciendo, pues en el mismo tiempo se han inscrito 8.579 nuevas viviendas turísticas, duplicando casi la cifra del periodo anterior. Actualmente, la Comunidad Valenciana cuenta con 94.259 VUT registradas oficialmente, y se espera que la lista esté completamente depurada para finales de 2025.
La respuesta a un crecimiento continuo
La entrada en vigor del decreto-ley 9/2024 representa una gran transformación dentro del sector, adaptándose al creciente interés por las viviendas turísticas. Entre enero y julio de 2025, se sumaron al registro 4.688 nuevas viviendas, con Alicante a la cabeza, seguida de Valencia y Castellón. Este crecimiento resalta la dinámica y la relevancia de este subsector dentro de la economía valenciana.
Fomento de la legalidad y el combate al intrusismo
La nueva normativa también busca intensificar el control sobre las VUT, con un aumento significativo del 33% en las inspecciones durante 2024. Más de 450 acciones se llevaron a cabo para contrarrestar el intrusismo y la economía sumergida. Marián Cano subraya que estas medidas no solo buscan cumplir con la legalidad, sino también mejorar la convivencia ciudadana, un aspecto esencial en las zonas con alta densidad de alojamientos turísticos.
Inspecciones aleatorias y cumplimiento escrupuloso
En 2025, se implementaron inspecciones aleatorias para asegurar que las viviendas cumplan con todos los requisitos legales. Estas inspecciones verifican desde la declaración responsable hasta la compatibilidad urbanística. El objetivo es simple pero ambicioso: garantizar que todos los alojamientos ofertados estén completamente regulados, asegurando así la calidad y confianza en el turismo regional.
Potestad sancionadora delegada en los ayuntamientos
Uno de los avances más notables de esta normativa ha sido la delegación de la potestad sancionadora a los ayuntamientos locales. En colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), varias localidades como Valencia y Benidorm se han adherido a este convenio marco. Gracias a estas medidas, se han recaudado más de 30.000 euros en sanciones solo en Valencia, evidenciando la eficacia de esta estrategia.
Capacitación e implementación local
Para facilitar la implementación de la normativa a nivel local, desde la dirección general de Turismo se han desarrollado jornadas formativas y acciones de acompañamiento técnico. Este enfoque educativo ha permitido que tanto las autoridades locales como los propietarios de viviendas turísticas se adapten a los nuevos estándares de manera eficiente.
El camino hacia una regulación completa
Con esta normativa, la Comunidad Valenciana no solo busca controlar el mercado de VUT, sino también promover un turismo de calidad. La combinación de inspecciones más rigurosas, capacitaciones y sanciones efectivas crea un entorno donde tanto los visitantes como los residentes pueden beneficiarse. Esta transformación no solo fortalece el mercado turístico, sino que también mejora la calidad de vida de quienes conviven diariamente con este tipo de alojamientos.
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En resumen, el esfuerzo de la Generalitat Valenciana por regular y purgar el registro de viviendas turísticas ha sido notablemente significativo. A medida que el sector sigue creciendo, estas medidas son cruciales para garantizar una oferta equilibrada y sostenible, asegurando que todos los actores involucrados puedan participar en un mercado justo y regulado. La comunidad se perfila así como un referente en la gestión de este subsector, con miras a un futuro de turismo más ordenado y transparente.
